A 14 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN ESCOLAR PINGÜINA: REFORMA EDUCATIVA INCONCLUSA.

El mayor movimiento de estudiantes secundarios de la historia de Chile ocurrió hace exactamente 14 años (Entre abril y Junio de 2006), sin esas tomas de liceos, coreografías y marchas multitudinarias por las calles de todo Chile no se hubiese logrado la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), dictada un día antes del retorno a la democracia el año 1990 y que aceptaba el lucro en la educación, tampoco se hubiese obtenido la gratuidad de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), ni el pase gratuito nacional para que todos los escolares se movilizasen durante todo el año con tarifa reducida.

La mecha que encendió el movimiento pingüino sería el “liceo acuático” Carlos Cousiño de la ciudad del Lota, pueblo minero acostumbrado a la tragedia, pero que ese año 2006 levantó su voz y dijo “nunca más nailon para cubrir al liceo de la lluvia, no queremos más medidas parche”, ya que luego de 10 años de inicio de la reforma educativa (desde su promulgación el año 1996, en el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle), se comienza a cuestionar y criticar el escaso avance en equidad y calidad educativa sus dos principales slogans. 

En este contexto, y recién asumido el gobierno de la primera mujer presidenta, Dra. Michelle Bachelet, fueron los estudiantes primero, luego los profesores y toda la sociedad que reclamarán por mejores condiciones educativas. Este movimiento educativo se transformó en social, cuando otros gremios comenzaron a presionar con paralizaciones masivas en directo apoyo a los estudiantes, sin embargo, el gobierno de ayer, y el de ahora “no lograron pronosticar la magnitud del conflicto y el nivel de organización que podía tener los ciudadanos, ni menos los jóvenes”.

Ya el año 2005, frente al movimiento de estudiantes de educación superior, se comienza a gestar o que será este movimiento, cuando el MINEDUC de la época, convocase una “mesa de trabajo intersectorial”, para escuchar los petitorios de los estudiantes según ellos, pero en realidad era una estrategia para dilatar y que el tiempo dejase en el olvido aquellas promesas que se escriben con la mano y se borran con el codo, vieja táctica de la “clase política”  que hoy llaman “gran acuerdo nacional gran: a 100 pesos el número”.

En plena movilización del año 2006, se levantaría un petitorio por parte de los estudiantes y que en muchos puntos coincidía con el levantado por el Congreso Nacional Pedagógico del año 2005, organizado por el Colegio de Profesores A.G, pero que no tuve ningún eco en las autoridades: solicitud de una mayor participación del Estado en la defensa de la educación pública, respetar el espíritu de la creación de la JEC, voz y voto de los estudiantes en los Consejos Escolares, fin al lucro de sostenedores privados, fin a la municipalización, fin a la PSU, fin de la LOCE, fin a un sistema educativo que reproduce desigualdades y mayor justicia social.

La épica movilización sería disuelta a fines de ese mismo año, al consolidarse la “mesa de trabajo”, muchos de esos dirigentes, años después, se darían cuenta del engaño político del cual fueron objetos, pero que con el correr del tiempo generarían movimientos aún más potentes, como el de los estudiantes universitarios del 2011, y el del movimiento social del “octubre chileno del 2019”.

Han pasado 14 años del movimiento pingüino ¿Hemos avanzado todo lo que queríamos en lo social y educativo? Es cierto que con la Ley General de Educación (LEY NÚM. 20.370/2009), se cambiará el enfoque hacia los sostenedores de establecimientos educacionales, ya que se les dará nuevas exigencias para administrar escuelas y liceos con aportes del Estado (fin al lucro, que sea rubro único para administrar y que posean estudios superiores), pero quizás lo más trascendental y que nos hace estar a la expectativa de su concreción son los valores que declarara para una nueva educación pública y de calidad para todos y todas y que nos hacen preguntarnos:

Universalidad y educación permanente: ¿Todos tienen acceso a la educación desde la primera infancia (educación parvularia), ¿La capacitación y formación permanente es un derecho de los trabajadores?  

Gratuidad: ¿Están siendo beneficiados todos los sectores de nuestra sociedad con la gratuidad para estudiar? ¿No es una presión injusta que, si un estudiante se atrasa un año, el deba costear esos estudios, no reconociendo diversidades de situaciones?

Calidad de la educación: ¿Todos nuestros estudiantes alcanzan los objetivos generales y los estándares de aprendizaje que se definen en el currículum nacional? ¿Existen otras formas de medir la calidad que no sean estos contenidos mínimos? 

Equidad: ¿Todos los estudiantes reciben las mismas oportunidades para lograr sus sueños y metas de vida?

Autonomía: ¿Tienen autonomía las escuelas para efectivamente trasformar su currículum, situarlo y mejorarlo? ¿Alguna vez tendremos la oportunidad el profesorado chileno de elegir a nuestro ministro (a) de educación, de establecer nuestras políticas educativas o siguiera decidir lo mejor para nuestros estudiantes?

Diversidad: ¿Promovemos y respetamos la diversidad de procesos y proyectos educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social de las familias que han elegido un proyecto? ¿Se promoverá la formación laica y la formación ciudadana de los estudiantes, con la nueva educación pública?

Responsabilidad: ¿Los estudiantes, madres, padres y apoderados lograrán ser co-responsables en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, ciudadanos y sociales? 

Participación: ¿Se democratizarán los espacios escolares y se abrirán al barrio, comunidad y ciudad? 

Flexibilidad: ¿Existirá la posibilidad de crear proyectos educativos alternativos y diversos que cuenten con el reconocimiento del Estado para funcionar, como las escuelas libres? 

Transparencia: ¿Sabremos todos los ciudadanos en que se gasta e invierten los recursos en las escuelas, principalmente de sostenedores privados y que reciben subvención del Estado?

Inclusión: ¿El sistema educativo y social chileno eliminará todas las formas de discriminación, exclusión e injusticias que impidan la FRATERNIDAD, IGUALDAD Y LIBERTAD de todos sus habitantes? ¿Seremos capaces de reconocer el DERECHO A LA EDUCACIÓN en nuestra próxima Constitución?

Sustentabilidad: ¿Fomentaremos el respeto y cuidado del medio ambiente natural y cultural, la buena relación y el uso racional de los recursos naturales y su sostenibilidad, como expresión concreta de la solidaridad con las actuales y futuras generaciones? 

Dignidad del ser humano: ¿Seremos capaces, finalmente y felizmente de RESPETAR, PROTEGER Y PROMOVER de los derechos humanos (DDHH) y las libertades fundamentales consagradas en la nueva Constitución y los tratados internacionales vigentes en Chile?

Han pasado 24 años del inicio de la Reforma Educativa que prometía Equidad y Calidad, 14 años desde la Revolución Pingüina, 12 años de la Ley que establece la Subvención Escolar Preferencial (SEP),  11 años desde la derogación de la LOCE y cambio por la LGE, 5 años de la Ley de Inclusión Educativa y 3 años de la Ley que Crea el Sistema de Educación Pública, es tiempo más que prudente para responder las anteriores interrogantes y comenzar a anunciar un mejor Chile en justicia e igualdad de oportunidades.

Dr. Pablo Castillo Armijo
Profesor Auxiliar Departamento de Fundamentos de la Educación
Facultad de Ciencias de la Educación

Texto aparecido en el Diario el Heraldo de Linares